El Tribunal Superior de Bogotá anunció que ya concluyó la redacción de la decisión de segunda instancia dentro del proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Sala Penal de dicha corporación informó, a través de sus canales oficiales, que la notificación será realizada de manera oportuna a las partes involucradas, sin precisar aún la fecha exacta en que se hará pública.

El proceso contra el exmandatario, que ha acaparado la atención nacional e internacional, se originó a raíz de las acusaciones por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En primera instancia, Uribe fue condenado a 12 años de prisión, decisión que su defensa apeló argumentando múltiples irregularidades y sesgos dentro del proceso.

La Sala Penal encargada de resolver la apelación está conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo. Su fallo, que ya está listo según lo confirmado por el tribunal, definirá el futuro judicial del expresidente y líder natural del Centro Democrático, siendo este uno de los procesos más significativos en la historia reciente del país por involucrar a un exjefe de Estado.

Tras conocerse el fallo inicial el pasado 28 de julio, Álvaro Uribe reaccionó con un fuerte pronunciamiento en el que calificó la sentencia como “injusta y politizada”. Según sus declaraciones, el proceso ha estado marcado por una supuesta animadversión hacia su figura y por una interpretación “amañada” de las pruebas presentadas. Uribe insistió en que se violaron sus derechos y los de su defensa, afirmando que “el fallo me trata de urdidor de mentiras, sin detenerse en lo que ha sido mi vida pública y mi conducta política”.

El juicio, que gira en torno a las presuntas gestiones del abogado Diego Cadena para manipular testimonios de exparamilitares, será clave para definir si Uribe tuvo conocimiento o participación directa en dichas actuaciones. La inminente decisión del Tribunal Superior podría marcar un nuevo capítulo en la historia judicial y política de Colombia, con repercusiones que irán más allá del ámbito jurídico y que podrían impactar el panorama electoral y la imagen del uribismo en el país.