A partir del próximo 8 de noviembre de 2025, entrará en vigor la Ley de Garantías Electorales en todo el territorio colombiano, una medida clave que busca impedir el uso indebido de los recursos del Estado en tiempos preelectorales y garantizar condiciones de equidad entre partidos y candidatos.

La normativa, que aplicará inicialmente para entidades territoriales y sus entes descentralizados, fue explicada recientemente por Colombia Compra Eficiente a través de la Circular Externa 006 de 2025, documento que detalla los alcances, restricciones, excepciones y fechas relevantes que deberán tener en cuenta las administraciones públicas.

De acuerdo con la circular, la restricción a la celebración de convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos comenzará el 8 de noviembre de 2025, mientras que la prohibición de contratar de manera directa sin convocatoria pública regirá desde el 31 de enero de 2026 para todas las entidades estatales. Estas limitaciones estarán vigentes hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio, si se llegara a una segunda vuelta presidencial.

No obstante, la ley contempla excepciones que permiten el desarrollo de ciertos procesos administrativos indispensables. Entre ellos se incluyen los contratos relacionados con defensa y seguridad del Estado, emergencias educativas, sanitarias o desastres naturales, así como las obras necesarias para la reconstrucción de infraestructura vial o energética afectada por situaciones de fuerza mayor.

También podrán mantenerse los contratos y convenios suscritos antes de las fechas de restricción, y se autoriza la contratación directa con organismos internacionales de cooperación o asistencia, siempre que se cumpla lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007.

“Queremos asegurar que la contratación estatal se mantenga transparente y libre de influencias políticas durante el proceso electoral”, afirmó Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente.

Con esta medida, el Gobierno Nacional busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, evitar prácticas clientelistas y garantizar que el uso de los recursos públicos se mantenga dentro de los principios de transparencia, eficiencia y legalidad durante todo el periodo electoral.